La inminente llegada del evento climático de El Niño sitúa al sector agropecuario del Ecuador bajo un escenario de alta vulnerabilidad estructural. En este marco, las proyecciones de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) advierten que cerca de 2,6 millones de personas podrían situarse en fases de crisis y emergencia alimentaria entre agosto y noviembre de 2026, sin considerar todavía el impacto directo del fenómeno.
Frente a estas cifras, Paul Herrera, docente de la Facultad de Ciencias de la Vida de la ESPOL, identificó a Guayas, Esmeraldas y Pastaza como las provincias más críticas del país. El especialista precisó que este escenario no obedece exclusivamente a un desabastecimiento físico de comida, sino a una barrera de acceso socioeconómico: existen familias que carecen de ingresos suficientes para adquirir la canasta básica a pesar de que los productos se encuentren en los anaqueles.
Asimismo, Herrera llamó la atención sobre la situación de las proteínas. Al tratarse de alimentos que no admiten almacenamiento prolongado, advirtió que los pescadores artesanales ya enfrentan dificultades para salir faenar debido a las condiciones del mar, lo que se suma a la reducción de carnes rojas provocada por el decremento del hato ganadero.
Información técnica y marco legal:
El investigador de la FCV destacó que uno de los problemas de fondo en la toma de decisiones estatales radica en la carencia de información técnica fidedigna:
- Carencia de censos recientes: Explicó que la falta de un nuevo censo agropecuario actualizado (el último data del año 2000) limita la capacidad de cuantificar con precisión lo que realmente se produce en el campo e impide prever los déficits con rigor técnico.
- Activación de la LORSA: Recordó la vigencia de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA), la cual provee herramientas legales para blindar la agricultura familiar campesina y que deberían articularse con celeridad junto a programas de asistencia estatales y prefecturales para sostener la producción rural.
La visión del académico politécnico recalca la importancia de combinar políticas de protección al pequeño productor con un levantamiento riguroso de datos estadísticos para evitar la especulación y salvaguardar la soberanía alimentaria del país.
