La reciente prohibición del clorpirifos emitida por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) —que vetó la importación de productos formulados, materias primas y mezclas con esta molécula tras su inclusión en el Convenio de Estocolmo— ha generado un amplio debate entre autoridades, gremios exportadores y la industria de agroquímicos sobre el tiempo necesario para retirar los inventarios del mercado nacional.
Ante la propuesta del sector de extender el uso de las existencias remanentes en un lapso de hasta tres años, el docente e investigador de la FCV y del CIBE-ESPOL, Eduardo Sánchez Timm, señaló los riesgos toxicológicos directos que conlleva prolongar la presencia de este organofosforado en el entorno. Sánchez advirtió que el clorpirifos actúa como un neurotóxico que impacta el desarrollo cerebral, siendo los niños y los fetos los grupos de mayor vulnerabilidad. "Puede traspasar fácilmente la placenta", puntualizó el experto, destacando además la capacidad de este químico para adherirse al polvo ambiental y a superficies domésticas.
En el ámbito comercial, Sánchez subrayó que permitir que los agricultores sigan utilizando los remanentes del pesticida continuará comprometiendo los envíos agrícolas hacia mercados internacionales de alta exigencia como la Unión Europea, donde el banano ecuatoriano ya registra alertas sanitarias por presencia de trazas. "Mientras lo sigan vendiendo, vamos a seguir encontrando las trazas", afirmó.
Como alternativa técnica, el investigador politécnico propuso que el país oriente sus esfuerzos hacia esquemas de acopio seguro y disposición final controlada del agroquímico, evitando que continúe distribuyéndose en las fincas y extendiendo tanto los riesgos comerciales como los de salud pública.
